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Los cuidados, una cuestión de derechos humanos

Los cuidados son fundamentales para el sostenimiento de la vida y el bienestar físico, psicológico, emocional y social de las personas. Garantizarlos es una responsabilidad de los Estados, como también lo es eliminar las prácticas y normas que perpetúan los roles y funciones estereotipados de las mujeres como cuidadoras   

Samara de las Heras — Feminicidio.net — 23/08/2014

 

El trabajo de cuidados es una cuestión de derechos humanos, no sólo porque posibilita que las personas podamos disfrutar de un bienestar integral (1), sino también porque el desigual reparto de la responsabilidad de cuidar amparado por los ordenamientos jurídicos conlleva la vulneración de derechos, especialmente de las mujeres.

 

Son numerosos los estudios que muestran que son las mujeres quienes mayoritariamente se encargan de los cuidados, tanto de los cotidianos como de aquellos intensivos o especializados que requieren las personas que se encuentran en una situación de dependencia por su edad (ya sean menores o mayores) o por cualquier otra condición o circunstancia personal y/o social (2).

 

España no es una excepción. Los datos estadísticos constatan, año tras año, que son mayoritariamente las mujeres quienes, independientemente de su situación laboral, dedican más tiempo diario al cuidado de otras personas. Son fundamentalmente mujeres quienes trabajan a tiempo parcial o no buscan trabajo para poder hacerse cargo del cuidado de sus hijos/as y de otros familiares dependientes y son abrumadoramente las mujeres quienes solicitan y disfrutan de las prestaciones para el cuidado de familiares, como los desiguales permisos de maternidad y paternidad, o las excedencias por cuidado de menores o familiares en situación de dependencia (3).

 

Como señala la Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos en el informe presentado en 2013 a la Asamblea General de Naciones Unidas (4), la dejación de responsabilidades por parte de los Estados y el desigual reparto de los trabajos de cuidados en el seno de los hogares impide a las mujeres el pleno disfrute de los derechos humanos, “frustran el avance hacia la igualdad entre los géneros y perpetúan su desproporcionada vulnerabilidad a la pobreza a lo largo de toda su vida”.

 

Es importante recordar, como apunta la relatora, que son las acciones u omisiones de los Estados las que determinan “quién tiene acceso a cuidados de calidad y quién carga con el costo de su prestación”. Son los Estados los que determinan la organización social de los cuidados; los responsables de que las normas y políticas públicas en esta materia no sean discriminatorias (ni directa ni indirectamente) y de garantizar la existencia y accesibilidad de servicios públicos de calidad. Cuando no lo hacen, incumplen las obligaciones que derivan del marco internacional de protección de los derechos humanos: por un lado, impiden que las personas que requieren de cuidados sean atendidas de una manera adecuada y, por otro, perpetúan la desigualdad por razón de género.

 

En consonancia con lo anterior, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (5) parte del reconocimiento de que la atención a las personas en situación de dependencia es “un reto ineludible para los poderes públicos, que requiere una respuesta firme, sostenida y adaptada al actual modelo de nuestra sociedad”. Una sociedad que se caracteriza por el incremento progresivo de las personas que requieren de cuidados especializados (principalmente por el envejecimiento de la población) y porque “hasta ahora, han sido las familias, y en especial las mujeres, las que tradicionalmente han asumido el cuidado de las personas dependientes”.

 

Dejando para otra ocasión el cuestionamiento de los limitados conceptos de “autonomía”, “dependencia” y “cuidados” definidos en la Ley, cabe recordar que la misma creó un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (6) con el fin de garantizar el acceso en condiciones de igualdad a una serie de prestaciones y servicios públicos dirigidos a la atención integral de las personas en situación de dependencia y a la promoción de su autonomía personal.

 

Pues bien, recientemente se ha publicado un Informe del Observatorio del sector de atención a la dependencia en España (7), que muestra que aún queda mucho camino por recorrer en este ámbito. Al margen de los problemas de financiación, de la falta de controles eficaces y de la dispersión y carencias de la normativa vigente, el informe advierte del impacto de género que continúa teniendo el trabajo de cuidados.

 

Por un lado, por los importantes retrasos en la valoración y concesión de las prestaciones, que impide a las personas en situación de dependencia disfrutar de derechos reconocidos y obliga a las familias a continuar asumiendo cuidados especializados. Eso sin contar con todas aquellas situaciones que de hecho hacen necesarios los cuidados, pero que no cumplen los requisitos requeridos por las normas aplicables.

 

Por otro, se constata la orientación mayoritaria hacia los cuidados en el entorno familiar, recurso (prestación económica) que, se recuerda, se preveía como excepcional (frente a la priorización de servicios), aunque ha sido utilizado en más del 60% de los casos.   

 

En definitiva, el sistema de atención a la dependencia no ha afectado a la división sexual del trabajo, como tampoco lo han hecho las normas para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. En otras palabras, la regulación de los cuidados continúa delegando desproporcionadamente la responsabilidad de cuidar en las mujeres, incluso en casos en los que son necesarios cuidados intensivos y/o especializados.

 

Cabe exigir por tanto al Estado que asuma las obligaciones derivadas de las normas de protección de los derechos humanos y garantice el reparto equitativo de la responsabilidad de cuidar y el acceso a los cuidados precisos.

 

(1) Es decir, del derecho fundamental al goce del grado máximo de la salud, entendida como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, según la definición contenida en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud.

(2) Para profundizar en la definición del trabajo de cuidados y su organización social, ver: Pérez Orozco, Amaia y Gil, Silvia (2011): Desigualdades a flor de piel. Cadenas globales de cuidados. Santo Domingo: ONU Mujeres.

(3) INE: Mujeres y Hombre en España 2013. Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado. Disponible en: http://ow.ly/K5S2Z

(4) A/68/293. Disponible en: http://ow.ly/K5Sd3

(5) Disponible en: http://ow.ly/K5SjX

(6) Página Web del SAAD: http://ow.ly/K5Sp6

(7) Dicho Informe, realizado a partir de datos oficiales, es el primero presentado por las organizaciones sindicales y empresariales que firmaron el VI Convenio Estatal de la Dependencia en 2012. Disponible en:  http://bit.ly/1pkg9Lo

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Comentarios

Me gusta el tratamiento serio y riguroso de las interferencias de la dependencia en la libertad de las mujeres. Como ya leí en su momento leyes hechas por hombres entre 40 y 60 años clase media alta, para hombres de clase media alta.

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