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La condena de la ONU a España por negligencia en un caso de violencia de género, un precedente para futuras demandas

El Comité de Naciones Unidas de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) ha dictado una histórica resolución que condena al Estado español por no haber protegido a una niña de siete años que fue asesinada por su padre (con antecedentes de malos tratos) durante un régimen de visitas sin vigilancia. El fallo pide al Estado español que se indemnice a la madre de la víctima y que la Justicia tenga en cuenta los antecedentes de malos tratos en la concesión de custodias a padres maltratadores

Nerea García Llorente — Feminicidio.net — 04/09/2014

 

El Comité CEDAW es un organismo especializado de Naciones Unidas (NU) que se encarga de vigilar la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El citado tratado internacional de derechos humanos se adoptó por Naciones Unidas en diciembre de 1979, entró en vigor en septiembre de 1981 y fue firmado por España en 1984. En 2012 lo habían ratificado 187 países, destacando la ausencia de Estados Unidos, Somalia, Irán o el Vaticano. Desde 2001, momento en que España ratificó también su protocolo facultativo, es posible acudir a este organismo para denunciar cualquier violación del contenido previsto en la Convención, exigiendo el fin de la discriminación y la toma de medidas para eliminar cualquier forma de desigualdad por cuestiones de género. 

 

El Estado español está obligado a velar por los derechos humanos (también de las mujeres), protegiendo los derechos a la vida, la seguridad, la integridad física y moral y el derecho a no ser sometido o sometida a tratos crueles o degradantes. El Estado tiene la obligación, a través de sus poderes públicos, de promover estos derechos, remover los obstáculos que pudieran existir para su desarrollo y castigar a quien proceda, en caso de incumplimiento. Si se produce alguna discriminación, el Estado también está obligado a reconocer el daño, investigar exhaustivamente, y repararlo adecuadamente, lo cual debe incluir tanto la toma de medidas preventivas para situaciones similares, como el resarcimiento económico y moral a las víctimas. 

 

En este caso, España ha sido condenada porque, a pesar de los avances normativos contra la violencia de género y de la ratificación de la CEDAW y de otros instrumentos internacionales de derechos humanos, no ha garantizado una protección real, rápida y eficaz ni a Ángela González Carreño, superviviente de violencia, ni a Andrea, su hija. También la Convención de Derechos del Niño lo obligaba a actuar de manera diligente.

 

UN CÍRCULO DE IMPUNIDAD QUE ACABÓ EN FEMINICIDIO CON LA COMPLICIDAD DEL ESTADO

 

Ángela sufre violencia a manos de su pareja. En noviembre de 1999 se dicta una resolución provisional de separación, que incluye el reconocimiento para Ángela de la guardia y custodia de la menor, de tres años, y las visitas restringidas para el padre. La vivienda habitual queda para el uso del agresor, quien debe hacerse cargo de una pensión de alimentos a favor de la menor. Desde entonces, se agravan las amenazas, el acoso y los episodios de violencia en distintas manifestaciones. Entre ellas, comienza a utilizarse a la menor para continuar ejerciendo violencia contra Ángela.

  

En 2001 la sentencia acepta la separación, sin hacer referencia a los malos tratos habituales ni al impago de la pensión.

 

Se solicitan órdenes de protección a favor de las dos mujeres. Las de la madre son sistemáticamente violadas, sin ningún tipo de consecuencia ni sanción. Las de la menor son escasas y cortas porque, supuestamente, obstaculizan el derecho de visitas del padre. Durante las visitas, que inicialmente son supervisadas, la menor manifiesta miedo al progenitor. Ángela tramita más de 40 procedimientos civiles o penales para la protección de sus derechos y los de su hija. Sólo en una ocasión se logra condena, por vejaciones, imponiendo una multa de 45 euros. También denuncia e informa a instituciones (policiales, judiciales y sociales) de la situación y busca protección cuando se permiten visitas sin supervisión al padre, pero tampoco se toma ninguna medida. El día 24 de abril de 2003, a la salida del juzgado, el agresor amenaza a la madre diciendo “te voy a quitar lo que más quieres”. Durante la visita de esa tarde, la menor es asesinada por su padre, quien después de cometer el crimen se suicida.

 

En la sentencia que aborda este tema, el padre es exonerado de responsabilidad penal por haberse suicidado. 

 

Ángela decide recurrir judicialmente toda esta situación, por entender que el Estado no ha actuado con la diligencia debida ni tomado medidas razonables para protegerlas. En 2004 inicia procedimientos contra España por responsabilidad patrimonial. Ella pide una reparación integral o al menos una indemnización apropiada y una investigación exhaustiva e imparcial que demuestre que en las estructuras del Estado se han cometido errores o que éste ha actuado con negligencia, lo cual permitió el asesinato de su hija. Todos sus recursos son desestimados, incluido el del Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional rechaza su recurso por entender que no presenta relevancia constitucional. 

 

Agotadas las vías nacionales, Ángela decide reclamar justicia en Naciones Unidas. Considera que, al no haber actuado con la debida diligencia, España ha incumplido su obligación como estado de evitar la discriminación entre mujeres y hombres (artículo 2). Asimismo, cree que, durante todo el proceso, los estereotipos y prejuicios de género han guiado las actuaciones institucionales, incapacitando a los actores estatales a apreciar correctamente la gravedad de la situación y actuar en consecuencia. Se ha ignorado el miedo de la menor, las demandas fundadas de la madre y se ha privilegiado el derecho de las visitas del padre, vulnerándose el artículo 5 de la Convención. Asimismo, y dado que no se han generado soluciones al impago de la pensión de alimentos, se vulnera el derecho a mantener económicamente en igualdad las relaciones familiares (artículo 16). 

 

La denuncia, presentada en septiembre de 2012, por Women`s Link Worldwide, tenía como objetivos que se declarase responsable al Estado por la negligencia de las autoridades y que, en consecuencia, se resarciera económicamente a Ángela. Al mismo tiempo, se  solicita al Estado que implemente un sistema que logre proteger de manera real y efectiva tanto a mujeres como a menores víctimas de violencia de género. 

 

La Comisión ha dictaminado este mismo verano de 2014, de forma contundente y por unanimidad, que la negligencia de los agentes estatales dio lugar al asesinato de Andrea por el maltratador, como forma de seguir ejerciendo violencia de género y, en consecuencia, ha condenado al Estado por no proteger a Ángela y a su hija, no castigar al maltratador y no investigar ni indemnizar por los daños causados. 

 

El Comité recuerda que los Estados están obligados a ello, no sólo a ser diligentes en la formulación de leyes, sino que para que su aplicación sea posible deben darse los recursos y la voluntad política. Si bien reconoce los esfuerzos realizados por España contra la violencia de género en materia de legislación, educación y capacitación, al mismo tiempo identifica que persisten costumbres y prácticas por parte de jueces, fiscales, trabajadores sociales y otros agentes estatales que constituyen discriminación contra las mujeres y que se traducen en estereotipos de género y en otras formas de discriminación que fomentan la violencia y permiten la impunidad. 

 

Esta histórica resolución de la CEDAW nos genera sentimientos e interpretaciones contradictorias. Por una parte, celebramos este pequeño gran avance normativo, a la vez que por otra, deseamos que esta resolución no se hubiera dictado nunca y esta situación de vulneración de derechos fundamentales, que culmina en el asesinato de una menor, no fuera cierta. En cualquier caso, y estando aún dentro del plazo de los seis meses del cumplimiento voluntario de la resolución, confiamos en que se tomen medidas adecuadas para prevenir, investigar y reparar éstas y otras discriminaciones por género, si bien recordamos que las resoluciones de la CEDAW no son directamente ejecutables ni vinculantes a nivel normativo, pero su incumplimiento no sería sino otra forma de perpetuar la impunidad machista.

 

Aquí puedes leer el dictamen completo del Comité de la CEDAW (http://www.rednosotrasenelmundo.org/IMG/pdf/Gonzalez_Carre_o_c-_Espa_a.pdf)      

 

 

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