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¿Qué es la victimización secundaria provocada por la Justicia en casos de violencia de género?

La violencia ejercida contra las mujeres es el símbolo más brutal de la desigualdad por razón de género existente en nuestra sociedad y una grave vulneración de los derechos de las mujeres. Es importante tener presente que un mal funcionamiento del sistema de Justicia, que debería proteger los derechos de las propas víctimas, puede provocar una victimización secundaria, es decir, generar a la víctima un daño o un perjuicio adicional a los daños derivados del momento de la comisión del delito

  

Sergi Salvador Tomás — Feminicidio.net — 22/09/2015

 

España, Madrid - En los últimos años, en España se han aprobado una serie de normas y políticas públicas que han avanzado en lo que se refiere a la protección de las víctimas de violencia de género, entre las que cabe destacar la Ley Orgánica 1/2004, de 20 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Entre las medidas propuestas destaca la creación de unos juzgados especializados dirigidos a mejorar la protección de las víctimas. No obstante, aún se detectan ciertos elementos que pueden causar una victimización secundaria en el marco del proceso penal.

 

Según Beristain (1996), la victimización secundaria como forma de violencia institucional hace referencia a la mala o inadecuada atención que recibe la víctima una vez entra en contacto con el sistema de Justicia, aunque dicha revictimización no se produce de manera exclusiva por los agentes del Estado. De hecho, la revictimización puede suceder fuera de lo que sería considerado el propio proceso penal, ya que se puede producir en distintos momentos y por parte de distintos agentes. En otras palabras, la victimización secundaria serían aquellos daños o perjuicios psicológicos, sociales, judiciales o económicos que se producen en un momento posterior al delito, por ejemplo, el hecho de realizar diferentes declaraciones y explicar los hechos, reviviendo la situación de violencia sufrida.

 

Podemos ver, pues, que una parte importante de la revictimización es consecuencia de las malas o inadecuadas prácticas que provienen de las instituciones, es decir, que la victimización secundaria es un resultado directo, aunque no exclusivo, de la violencia institucional. Esta manifestación de violencia incluye aquellas acciones u omisiones del Estado de las que éste es directamente responsable y que provocan violencia contra las mujeres, así como aquellas acciones que muestren una discriminación u obstaculización para que las mujeres ejerzan sus derechos (Bodelón, 2014:133).

 

Cuando cualquier persona sufre una vulneración de sus derechos, más aun cuando hablamos de derechos fundamentales, la responsabilidad de protegerlos le corresponde básicamente al Estado (Nikken, 2010:56). En el marco del proceso penal las leyes y políticas publicas marcan protocolos o criterios de actuación a los/as agentes que intervienen y las aplican o hacen efectivas. Por ese motivo, las actitudes, opiniones y acciones de las personas que aplican la ley son de especial relevancia, constituyendo este punto el principal desencuentro entre las mujeres y el sistema de justicia (Cubells, et. al, 2010:371), aunque no siempre aquellas mujeres que viven una situación de violencia de género acuden a la Justicia, ya que, como indica el informe sobre víctimas mortales de la violencia de género del Consejo General del Poder Judicial del año 2011, únicamente un 26 % de las mujeres habían denunciado previamente.

 

Recientes estudios han puesto de relieve algunas de las causas que generan una revictimización en aquellas mujeres que han sufrido violencia de género y han acudido al sistema de Justicia. Entre ellas, podemos destacar las siguientes:

 

1. Hostilidad del sistema de justicia y falta de información sobre el proceso: para la inmensa mayoría de las mujeres que han sufrido violencia de género y acuden al sistema de Justicia, éste les es completamente ajeno y desconocido, pudiéndo sentirse confundidas o perdidas. El hecho de tener que enfrentarse de nuevo a su agresor o incluso de comparecer ante el propio juzgado y testificar, la vestimenta de los operadores jurídicos o el lenguaje extraño y complejo que se utiliza, pueden llegar a provocar una revictimización (Navarro, 2009:476). Esta situación se agrava en aquellos casos donde existe un inadecuado asesoramiento jurídico a la víctima, ya que propicia una situación de incertidumbre y angustia (Amnistía Internacional, 2012:7).

 

2. Estereotipos de género y cuestionamiento a la víctima: la existencia de estos estereotipos en los agentes está íntimamente relacionada, junto a la incomprensión del fenómeno, al excesivo cuestionamiento del relato y/o minimización de los hechos. En palabras de Tania Sordo, “los agentes consideran que las mujeres que no cumplen con el estereotipo femenino son culpables por los delitos que se cometen en su contra” (2012:10). Estos mitos y estereotipos, que funcionan como enmascaradores de la realidad, están relacionados directamente con la incomprensión de la violencia de género desde una perspectiva integral por parte de las personas que aplican las leyes. Este desconocimiento y los prejuicios pueden conllevar actitudes por parte de los/as profesionales hacia las mujeres afectadas por violencia de género tales como “la descalificación, el descrédito, la falta de empatía, la imposición de ritmos y/o actuaciones, etc.” que favorecen la revictimización (Calle, 2004:65), un cuestionamiento aún mayor en aquellos casos donde las mujeres pertenecen a colectivos vulnerables (Amnistía Internacional, 2012:4).

 

3. Crisis económica: es necesario mencionar el impacto que han tenido la crisis económica y las medidas políticas que se han tomado a causa de esta situación de precariedad económica. Concretamente, una de las áreas que se ha visto más afectada por la crisis en lo que respecta a los delitos de violencia de género es la del asesoramiento jurídico a la víctima; además, ha habido una disminución de las órdenes de protección concedidas (Ministerio de Igualdad, 2015:49).

 

La raíz y a la vez la solución de este último problema no es otra que una cuestión de voluntad política. En cuanto a los demás problemas mencionados en las líneas previas, podemos ver cómo la causa común podría ser la insuficiente formación específica en cuanto al fenómeno de la violencia de género, más allá del conocimiento de la propia ley.

 

Teniendo constancia de dichos obstáculos a la aplicación efectiva de la LO 1/2004 y de que pueden llegar a provocar una revictimización, es importante hacer hincapié en la necesidad de que se realice una evaluación completa de su alcance y aplicación por parte de las instituciones públicas, para de esta manera poder detectar todos aquellos aspectos que generan una revictimización de las mujeres víctimas de la violencia de género y poder proponer planes y medidas para garantizar sus derechos.

 

En este mismo sentido se ha pronunciado recientemente el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

 

 

Bibliografía

 

Amnistía Internacional (2012). ¿Qué justicia especializada? A siete años de la Ley Integral contra la Violencia de Género: Obstáculos al acceso y obtención de justicia y protección. Madrid: Sección española de Amnistía Internacional.

 

Bodelón, E. (2014). “Violencia institucional y violencia de género”. Anales de la Cátedra Francisco Suárez, Revista de filosofía jurídica y política, Vol. 48, pág. 133-55.

 

Beristain, A. (1999). Criminología y Victimología. Colombia: Leyer.

 

Calle, S. (2004). Consideraciones sobre la victimización secundaria en la atención social a las víctimas de la violencia de género. Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat.

 

Consejo General del Poder Judicial (2011). Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y de la violencia doméstica en el ámbito de la pareja o expareja en 2011.

Cubells, & J. Calsamiglia, A. & Albertín, P. (2010). El ejercicio profesional en el abordaje de la violencia de género en el ámbito jurídico-penal: un análisis psicosocial. Murcia: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, Vol. 26, nº 1.

 

Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad (2015). Boletín estadístico mensual- Abril 2015.

 

Navarro, C. “La protección del testimonio de la mujer víctima de violencia de género”. En: Hoyos, M. Tutela jurisdiccional frente a la violencia de género; aspectos procesales, civiles, penales y laborales. Valladolid: Lex Nova S.A., pág. 475-504.

 

Nikken, P. (2010). “La protección de los derechos humanos: haciendo efectiva la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales”. Revista IIDH, Vol. 52, pág. 55-140.

 

Sordo, T. (2012). ‘Ella se lo buscó’ Estereotipos de género en el Estado mexicano: Sentencia Campo Algodonero. XV Premio SIEM de Investigación feminista “CONCEPCIÓN GIMENO DE FLAQUER” de la Universidad de Zaragoza, pág. 1-25.

 

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